El Gobierno tiene ante sí un gran reto provocado por el pulso que le plantea Cataluña con su independentismo a ultranza, aun cuando sea contra legem. El Presidente Rajoy parece querer llegar a un acuerdo secreto con Mas para parar el golpe y el Ministro de Asuntos Exteriores dice que hay que escuchar a la calle y buscar fórmulas para que Cataluña encaje en España. Seguir por ese camino llevaría a un pacto fiscal con Cataluña que sería la sexta revisión de nuestro sistema fiscal y que difícilmente aplacaría ese sentimiento que han conseguido potenciar en esa Comunidad quienes en ella mandan desde la transición, salvo breves paréntesis, mediante la inmersión lingüística y la deformación descarada de la historia y de la realidad, impuesta por el “honorable” Puyol, su familia y allegados.
Visto el problema con altura de miras parece que estamos ante un momento histórico en el que los dos grandes partidos deberían de llegar a un gran pacto de Estado, como hace mucho tiempo vienen pidiendo voces inteligentes, en el que acabaran integrándose todas las fuerzas políticas y sociales para lograr un nuevo consenso, ya que el conseguido en la Constitución de 1.978 está perdido. De este modo, poder llevar a cabo una segunda transición en la que, modificando la Constitución, se creará un modelo de Estado del que ahora carecemos, puesto que nuestra Norma Fundamental no lo estableció, como han hecho otras Constituciones, sino que creó un sistema abierto, el llamado Estado de las Autonomías que, al estar abierto, fue el resultado que impuso la dinámica política de aquellos difíciles momentos, que hizo actuar a nuestros constituyentes, con exceso de prudencia y demasiadas concesiones, y así el título VIII de la Constitución permitía que desde la base las provincias, regiones y territorios insulares pudieran obtener la constitución inmediata de su autonomía, con apoyo en la disposición transitoria segunda; es decir, prácticamente a demanda de cada Comunidad. Quedaban aparte las autonomías ya concedidas a los tres mal llamados territorios históricos.
A partir de ese momento, con ese sistema abierto, y con las facilidades concedidas el proceso se desbordó, todos querían todo, y en medio de esa algarabía se produjo el 23-F y los dos grandes partidos del momento UCD y PSOE, se pusieron de acuerdo para crear una Comisión de Expertos que emitiera un informe sobre este estado de cosas, que pudiera servir de base para ordenar ese proceso autonómico en avalancha imparable. Dicha Comisión formuló un informe en mayo de 1.981, y aceptando sus propuestas, firmaron un pacto los presidentes de los dos citados partidos. Fue la última oportunidad de haber ordenado el perverso proceso que se había producido, ya que se había establecido una carrera en la que cada Autonomía naciente quería tener una posición superior a las demás, o por lo menos ser distinta.
Era evidente para los autores del informe que, visto como se estaba desarrollando el proceso, había que evitar que las Comunidades reprodujeran en su propio espacio territorial una organización similar a la del Estado, y para ello el informe hacia una serie de advertencias: evitar la burocracia de las Comunidades; que las Asambleas Legislativas debían limitar temporalmente sus periodos de sesiones; establecer un criterio restrictivo respecto del número de sus miembros y estos no debían de recibir sueldos fijos, sino dietas por su asistencia; que no existiera mas personal libremente designado por las Comunidades que el estrictamente preciso para el apoyo inmediato a los órganos políticos y que todos los cargos con responsabilidades administrativas directas desde el nivel equivalente a Director General deberían ser designados entre funcionarios.
En este momento llaman la atención estas propuestas y vale la pena recordarlas porque, aunque no fueran preceptos legales obligatorios, ambos partidos se comprometieron a adoptarlas, pero la triste realidad es que conforme se fue pasando el miedo a otro 23-F las aguas volvieron a desbordarse y aunque posteriormente hubo una LOAPA, que pretendía armonizar el proyecto autonómico, el Tribunal Constitucional, al anular, por cuestiones meramente técnicas, algunos preceptos de la misma, dejo el sistema en manos de las Autonomías, con lo que se produjo un auténtico desmadre que nos ha llevado a algo parecido a tener 17 mini estados dentro de España, todos los cuales tienen su Parlamento, su Gobierno, su Administración central y a veces periférica, una serie de Departamentos con sus ministros, subsecretarios directos generales, funcionarios y hasta embajadas que reproducen exactamente la organización tradicional de la Administración del Estado; es decir, se creó una situación perfecta para las autonomías que pretendían la independencia y de ello han sacado los políticos catalanes un descarado y desleal provecho. A este panorama se une el hecho de que tenemos cinco niveles políticos y administrativos: La administración central, la autonómica, la provincial, las comarcas y los municipios, con toda la parafernalia de asesores, escoltas, conductores, coches y otras gabelas de las que se ha hecho abuso.
Resulta evidente que hay que poner un cierto orden en este maremagnum, de sistema abierto y la única solución posible a estos problemas dentro de la Constitución, sería la prevista en el art. 155 de la misma, que permite al Estado la ejecución estatal de las competencias autonómicas. Esta solución parece excesiva, pero ahí tenemos la postura de la autorizada voz del Presidente del Consejo del Estado, que propone derogar el artículo 150, 2 de la Constitución que regula la transferencia de competencias a las Autonomías. Por eso se está pidiendo ese gran pacto de Estado, porque con la experiencia adquirida, pues han pasado 35 años desde la promulgación de la Constitución, los grandes cambios habidos en todos las ordenes, a nivel mundial, europeo y de nuestro propio país, y la pérdida del consenso político, con el que fue pactada nuestra Ley Máxima, hay que intentar ordenar esa especie de caos descrito.
Para ello habría que modificar el título VIII, de la Constitución con la finalidad de establecer un nuevo modelo de estado, que dejara cerrado e intocable el sistema que se pactara en la propia Constitución, como es el caso de la Constitución Alemana.
Para llevar a cabo esa modificación se requiere una mayoría de 2/3 en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado, de ahí la insistencia en el gran pacto de Estado aludido pero que, dada la actitud de los dos grandes partidos, parece muy difícil, pues, tal como se muestran en sus intervenciones en la Cámara, da la impresión de qué cada partido tiene la convicción de tener agarrado del cuello a su contrario, con los respectivos problemas de corrupción, y ninguno de los dos parece querer soltar su presa.
Queda muy lejos la altura de miras que se mantuvo en 1.978 y, por ello es muy posible que no llegue al tan deseado pacto pero, en cualquier caso, la independencia de Cataluña está negada por la normativa vigente en España y, por otra parte, la postura de Europa también será contraria, pues de ningún modo interesa la balcanización de España, dadas las claras posturas independentistas de vascos y catalanes y las posibles peticiones de Galicia y Canarias si prospera una sola de ellas.
