Blog

La independencia judicial

En este momento hay en manos de los Juzgados mas de mil asuntos en los que se investiga a representantes políticos y cargos públicos por supuestos casos de corrupción y cada día tenemos conocimiento de alguno nuevo del que nos dan cuenta puntualmente, con todo detalle, los medios de comunicación, a los que hay que añadir lo que cada uno quiera captar en internet. Como consecuencia, el ciudadano medio está harto, hasta la náusea, y ha desarrollado una pésima percepción de sus políticos, a los que concede las más bajas calificaciones.

Es evidente esa percepción no debe alcanzar a la totalidad de los políticos, y prueba de ello lo son

las voces que se alzan contra este estado de cosas y ahí habría que resaltar, con mayúsculas, las ejemplares manifestaciones realizadas recientemente por la presidenta del PP Vasco Arantza Quiroga, ante el Presidente y la plana mayor del partido, en las que dejo algunas perlas en relación con el caso Barcenas, que calificó de vomitivo. Estas declaraciones son un tremendo aldabonazo a las conciencias de quienes, por su sentido ético, sean capaces de captarlo. A todos nos gustaría oír alguna voz del partido de la oposición que dijera algo similar en relación con el caso de los ERES de Andalucía.

En la sustanciación y resolución de ese inmenso número de casos de corrupción, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Tribunales en general, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional; es decir, todos los actores que constituyen el Poder Judicial, tienen ante sí una prueba definitiva para que podamos comprobar si efectivamente existe la independencia judicial, si en España el Poder Judicial es un auténtico poder, como establece la Constitución y sí, como tal poder, tiene capacidad para corregir cualquier desafuero que proceda de los otros dos poderes, y la sociedad va a estar expectante acerca de la limpieza de los procesos y la ejemplaridad de las sentencias.

Por estas razones, con frecuencia aparecen opiniones reclamando la independencia judicial y algunas de ellas proceden del ámbito judicial, por lo que tienen un valor añadido pero, de entre ellas, debe de resaltarse la del Presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, D. Julio Arenere que en su discurso de ingreso en la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación leído el 28 de febrero de 2013, bajo el título “Independencia Judicial y Democracia”, realizó un estudio exhaustivo, verdaderamente ejemplar, de la importante problemática que se condensa en tan sugestivo título.

En su exposición encaró, tanto desde el punto de vista objetivo, como subjetivo, uno por uno todos los problemas con que se enfrenta el poder judicial y así, usando como parámetros los criterios contenidos en el estudio redactado por la Unión Internacional de Magistrados (UIM), fue exponiendo como el sistema español supera, mas o menos, en relación con otros países, los aspectos formales de separación de poderes, inamovilidad, independencia del Juez, etc. hasta llegar a la pregunta clave de si es un órgano independiente el que rige el nombramiento, y ascenso de los Jueces y si, dentro de él, están en mayoría los Jueces, siendo la respuesta totalmente negativa, para las dos partes de la pregunta, ya que considera que, con la normativa vigente este Órgano de Gobierno de los Jueces, no es un poder en pie de igualdad con los otros dos poderes del Estado, porque carece de las capacidades de autonomía y autoformación, que sí tienen el legislativo y el ejecutivo y en cuanto la segunda parte de la pregunta, efectivamente, los Jueces están en mayoría, pero dada la forma en que estos han sido nombrados, con fuerte influencia política, no parece que sean realmente independientes.

Por ello comentó el nuevo académico, que el actual Ministro de Justicia, así lo había reconocido al comprometerse a despolitizar el órgano de gobierno de los Jueces pero, en cambio, en las reformas que posteriormente ha propuesto se mantiene la elección parlamentaria de los 12 vocales judiciales, por cuotas de partidos. Con esta reforma serán elegidos los Magistrados mas obedientes, al Gobierno, a los intereses de quienes los han propuesto para el cargo, ya que los partidos han impuesto el reparto de puestos sobre la base de cuotas de poder.

De este modo el Ejecutivo controlará el Poder Judicial y seguiremos estando en un Estado de Partidos (partitocracia), en el cual el único objetivo de la contienda política es la alternancia entre ellos, primando sus propios intereses por encima del interés general, del bien de la comunidad, que debe ser el fin de toda política. Igualmente está contaminado el turno autonómico, por lo que propuso la suspensión del nombramiento de Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia a propuesta de los parlamentarios autonómicos, ya que dichos Magistrados pueden enjuiciar en el futuro a los propios parlamentarios que los propusieron.

Es por todo ello que en la actual coyuntura, nuestra sociedad tiene una percepción negativa del funcionamiento de las más altas instituciones judiciales, y del propio órgano de gobierno de los jueces, y por ello califica el sistema con una baja nota, aunque muy superior a la de los políticos, pero el nuevo académico resaltó, que, hay que distinguir entre estas altas instancias y los simples jueces que según sondeos, dos de cada tres españoles siguen pensando que, con todos sus defectos, la Justicia representa la última garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos y ahí rompió una lanza a favor de los Jueces que día a día en el desempeño de su importante labor con un celo desinteresado, con independencia y con altura de miras, salvan la cara a la Justicia,

Es evidente y se comprende perfectamente, que para el ciudadano medio, con los pies en la tierra, los mas importante problemas son los económicos y, secuela de ellos, el paro, pero el problema de la corrupción es de la máxima gravedad, hasta el entreno de ser considerado el segundo problema del país y, puesto que no hemos sabido dotarnos de los instrumentos jurídicos y fiscales necesarios para crear un sistema preventivo de la corrupción (por ejemplo, ahí estamos, todavía, tramitando la Ley de Transparencia), la única posibilidad para combatirla es el sistema represivo que se halla en manos de los Jueces y de su independencia.

Por ello, esos Jueces deben ser amparados en todo momento por su órgano de gobierno, y ayudados por los medios de comunicación y por la sociedad en general, para que en las causas de corrupción que instruyen, tanto el propio proceso como la consiguiente sentencia, sean ejemplares en cuanto a la aplicación de la justicia de un modo absolutamente independiente.

Heraldo de Aragón 18 de julio de 2013.

Nota: En un artículo titulado “Armas contra la corrupción” publicado en el Heraldo de Aragón con fecha 10 de octubre de 2013, el Juez Decano de Zaragoza y Presidente del Foro Judicial Independiente, como colofón del contenido de dicho artículo, termina citando literalmente el último párrafo del artículo que precede.