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Sobre el acceso a la función pública

Entiendo que resultaría previo el debate sobre la procedencia de revisar la razón de ser de la función pública y las obligaciones y derechos que arrastra el hecho de adquirir la condición de funcionario público. Creo que la materia da para una reflexión suficientemente seria e importante, y por eso sería poco afortunado intentar analizarlo en un breve artículo de opinión. La cuestión merece un debate profundo, no solo en lo atinente a la existencia de la función pública sino, incluso previamente, a las competencias de las distintas Administraciones y al modo de ejercerlas, pues la función pública no tiene más sentido que estar al servicio de la respectiva Administración para cumplir con las competencias y objetivos que la misma tiene asignadas.
 
Por eso, conscientes de lo que se ha dado en denominar “huida del Derecho Administrativo”, como consecuencia de la “exteriorización” (parece un término más castellano que “externalización”) de muchos servicios públicos parece dudoso el cumplimiento de esas finalidades por parte de algunas Administraciones Pública, y a veces difícilmente justificable el mantenimiento o la ampliación de las plantillas de Funcionarios públicos.
 
Con independencia de mi posible opinión personal sobre la conveniencia de la gestión “desde lo público” (criterio iuspublicista), el análisis de la realidad determina que muchas de las competencias o atribuciones que tienen conferidas las Administraciones Públicas acaban ejerciéndose de forma indirecta, mediante la pertinente intervención de agentes privados, y no precisamente en esa línea de colaboración público-privada tantas veces invocada y tan pocas veces cumplida y atendida en la realidad.
 
Hecha la introducción, y dejando para mejor ocasión o para un estudio más pormenorizado todas esas cuestiones atinentes a la necesaria revisión del concepto de Administración Pública y de las competencias de la misma, así como de los servicios que prestan las distintas entidades que la integran, ahora se trataba simplemente de esbozar unas breves líneas sobre los procedimientos de acceso a dicha función pública.
 
Acceso a la funcion publica CyZ Abogados ZaragozaSon varias ya las voces que se han ido alzando en estos últimos tiempos sobre lo obsoleto o desfasado que resulta el procedimiento de oposición para garantizar una función pública cualificada, integrada por personas competentes, con conocimientos y habilidades adecuados al puesto de trabajo que desempeñan; pero, sobre todo, con una mayor capacidad de demostrar la “interiorización” del concepto de servicio público que están prestando y de atención al ciudadano que forma parte esencial de la existencia y razón de ser de esa función pública.
 
No son tan alejados en el tiempo los precedentes de una función pública integrada por personas con muy poco tacto en las relaciones personales, con una actitud de teórica supremacía jerárquica respecto del ciudadano al que atendían, y con bastantes pocas ganas de cumplir ese objetivo de servicio público que debería ser “la máxima” del desarrollo de su puesto de trabajo, como elemento diferencial de una mera actividad laboral en la empresa privada (en la que muchas veces encontramos bastante mejor trato, respeto e interés por parte de quien nos atiende que en muchísimos Organismos e Instituciones públicas).
 
Partiendo de tal premisa con carácter general, válida para cualquier puesto de trabajo en una Administración pública, la pregunta concreta que se viene repitiendo es si las oposiciones es el mejor sistema para cumplir esos objetivos de objetividad e imparcialidad en la selección de “los mejores” en el momento de resolver los procesos selectivos para acceso a función pública. A su favor siempre se aducen tales argumentos como teóricamente enfrentados a un mayor subjetivismo o parcialidad que pueden implicar otro tipo de pruebas como el concurso-oposición, o cualquier otro tipo de proceso selectivo que atienda a los méritos de los candidatos.
 
Pero, frente a los detractores de esos otros sistemas, o de la valoración de la experiencia profesional como sistema de acceso a la función pública, las otras posturas plantean si el sistema de oposición nos garantiza contar con los mejores jueces o fiscales, con los mejores notarios o registradores de la propiedad, con los mejores médicos, etc.. ¿De verdad no deberían valorarse aspectos de la personalidad, de la formación humana e intelectual, del carácter incluso de quienes vayan a atender a los pacientes o impartir Justicia, por ejemplo?.
 
Resulta bastante extraño que en pleno siglo XXI, con los medios e información existentes, podamos permitir el acceso a esos puestos de responsabilidad (o incluso otros de menores competencias, pero igualmente relacionados de modo directo con los ciudadanos) a personas con claras disfunciones de la personalidad, con graves problemas de carácter, por no decir incluso con determinadas enfermedades respecto de las que ninguna evaluación previa o verificación se ha efectuado.
 
Si los tiempos que vienen, a tenor de los directivas de la Unión Europea, apuntan a una mayor liberalización del ejercicio de las profesiones y actividades, o de la prestación de servicios, ¿no sería mejor esperar hasta la acreditación de experiencia, conocimientos y cualificación profesional para seleccionar entonces a quienes hubieran acreditado condiciones objetivas suficientes para considerar que forman parte de los “mejores”, y que deseamos que sean ellos quienes atiendan a los ciudadanos o resuelvan sus conflictos?.
 
Existen experiencias suficientemente contrastadas en otros países desarrollados que acreditan que hay otras fórmulas válidas para resolver el acceso a la función pública que no sea una simple memorización de un programa, o una repetición continúa de temas hasta perder la capacidad de entender lo que se “declina”; y todo ello, a su vez, con el contrapunto del riesgo de enfrentar todos esos conocimientos en un único momento, en el que pueden producirse no sólo las habituales situaciones de nervios, sino incluso enfermedades puntuales que puedan impedir la asistencia al examen después de muchos años de preparación (no son tan inusuales situaciones de fiebres altas, o apendicitis, por citar enfermedades no graves que conllevan la incapacidad de desarrollar los ejercicios del proceso selectivo con normalidad).
 
Como al principio ya he indicado, no es éste el momento de hablar de los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la función pública. Pero no puede olvidarse que algunas de esas condiciones (como la “inamovilidad”, por ejemplo) sí que tienen un peso específico en la decisión personal de acceso a la función pública, y determinan, por ello, una cierta homogeneidad en el “perfil” de quienes deciden preparar oposiciones y tratar de alcanzar la condición de funcionarios públicos.
 
La modificación de algunas de las condiciones inherentes a la adquisición de tal “categoría”, permitirían una mayor diversidad de las personas que pretendieran acceder a esa condición de funcionarios. Pero también el procedimiento de selección, como venimos señalando, posibilitaría una mayor heterogeneidad de los candidatos y una adecuada valoración de su formación, experiencia, conocimientos, y, sobre todo, capacidad de aplicación de los mismos ante las situaciones concretas que se les plantean.
 
La oposición puede tener algunas virtudes en lo atinente a una teórica mayor imparcialidad en la corrección de ejercicios y exámenes. Pero no permite ningún análisis del “factor humano”, que debería tener mayor peso específico en la selección de quienes van a desempeñar un servicio público. No parece que un número importante de años de “encierro” en plena juventud, para intentar garantizase un teórico futuro económico, sea el modo más adecuado o conveniente de poner en valor ese factor humano que, en mi opinión, debería ser ponderado también en los distintos procesos selectivos que se desarrollaran.
 
Soy consciente de que cualquiera de las fórmulas que se implantasen (Ia entrevista personal, por ejemplo, como más representativa) conllevaría un mayor grado de subjetivismo, y por tanto de riesgo de parcialidad en la decisión. Pero se supone que los Tribunales que se designan para resolver y decidir los procesos selectivos están integrados por personas competentes y cualificadas, a las que se les presume esa honestidad e imparcialidad necesarias para la selección de los candidatos más adecuados para el desempeño de los puestos de trabajo objeto del correspondiente proceso de selección. En otro caso, habría que corregir también las fórmulas de designación de tales Tribunales.
 
En síntesis, y como recapitulación final, creo que debería valorarse seriamente la posibilidad de ir implantando otros sistemas o procesos selectivos distintos de la oposición. Y, además de ello, implementar “políticas” que garanticen una formación permanente, una actualización de conocimientos por parte de los integrantes de la función pública, y que ello deba ser también objeto de una evaluación continua (que se revisen periódicamente esos conocimientos, y no sólo en los supuestos de concursos de acceso a otro puesto, o promoción interna).
 
Corresponde al Poder Legislativo, y en su caso al Poder Ejecutivo, impulsar las posibles reformas que posibiliten esa implantación de otros sistemas de acceso más “humanos” que la simple memorización de un temario, como antes decíamos. Pero soy consciente de que no es fácil; basta con comprobar el porcentaje de funcionarios públicos existente en los distintos Parlamentos (en particular, en el Congreso de los Diputados), a los que compete la elaboración de las modificaciones legislativas, o incluso también entre los integrantes de los distintos ejecutivos (estatal y autonómicos).
 

Fernando Jose Zamora Martínez

AUTHOR - CyZ Abogados